Por Notas de Plata
Los ganaderos y agricultores de Cristóbal, en la provincia Independencia, viven una pesadilla que parece no tener fin. Denuncian continuos abusos del Consorcio Azucarero Central (CAC), empresa que administra los antiguos terrenos del Ingenio Barahona.
Lo que alguna vez fue presentado como una promesa de desarrollo, hoy se ha convertido en un símbolo de desigualdad, abuso y desesperanza.
Los campos de caña del CAC permanecen abiertos, sin cercas ni barreras. Los animales que se acercan a beber agua son capturados y llevados a corrales ubicados a varios kilómetros de distancia. Para recuperarlos, sus dueños deben pagar 500 pesos por cabeza, un cobro que carece de fundamento legal.
Los ganaderos denuncian además maltratos a sus animales, muchos de los cuales regresan heridos o, sencillamente, no regresan. “Nos están arruinando la alcancía del pobre”, lamentan. Estas escenas se repiten cada semana, alimentando la impotencia y la indignación de la gente del campo.
El miedo y la presión económica obligan a muchos campesinos a vender sus animales o abandonar sus tierras. La migración masiva desde los pueblos de la región Enriquillo es consecuencia directa de este modelo injusto.
Mientras tanto, la autoridad pública parece mirar hacia otro lado. La justicia respalda el capital privado, y los hombres y mujeres del campo son tratados como si fueran insignificantes.
En los bateyes, la pobreza se respira. La exclusión social es evidente: falta de servicios básicos, viviendas precarias y empleos temporales. Lo que antes era una fuente de sustento hoy se ha transformado en un territorio de sobrevivencia.
El CAC, según denuncian los trabajadores, ha reducido la contratación local y trae técnicos extranjeros. “De nosotros solo quieren la tierra y el agua”, dicen los comunitarios. “A cambio, dejan pobreza y contaminación”.
El conflicto va más allá del ganado. Agricultores acusan al consorcio de acaparar el agua del río Yaque del Sur para irrigar sus cañaverales, dejando sin recursos a los pequeños productores, pescadores y ganaderos.
También se le responsabiliza de afectar la Laguna Rincón, una reserva natural esencial para el equilibrio ecológico del suroeste. Lo que se presenta como progreso industrial, en realidad está destruyendo el entorno natural y las fuentes de vida de toda una región.
Mientras el CAC, de capital extranjero, obtiene beneficios millonarios, las comunidades rurales enfrentan sequía, pérdidas económicas y desesperanza. Líderes comunitarios exigen la revisión del contrato de concesión entre el Estado dominicano y la empresa, recordando que “ninguna compañía privada puede actuar como si tuviera poder de policía sobre la gente”.
El pueblo de Cristóbal, trabajador y pacífico, ha decidido no callar más. Reclama respeto, justicia y el fin de los atropellos.
Porque el verdadero desarrollo no puede construirse sobre la humillación de quienes producen la tierra, ni sobre la pobreza de los que día a día la hacen fructificar.
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