Por Balbueno Medina
La sociedad dominicana se encuentra consternada por todo lo ocurrido en el sistema de justicia del país, y eso es más que suficiente para que todos los sectores de la vida nacional nos pongamos a una para velar por una saludable transformación de ese poder del Estado.
El involucramiento de jueces y fiscales en un vulgar mercado de ventas de sentencias, ha dejado muy mal parado al aparato judicial dominicano y nuestra preocupación principal debe ser revertir ese profundo descredito que amenaza con expandirse por todo el cuerpo social de la nación.
Eso puede ser posible, porque en un Estado donde el poder que debe garantizar los derechos de los ciudadanos se encuentra en crisis, los demás estamentos de la sociedad podrían estar corriendo peligro si no se pone freno a esa situación.
Lo lamentable de todo esto es que hasta el momento no hemos visto una sola acción, de ningún sector de la sociedad dominicana, dirigida a profundizar en el esclarecimiento de los hechos que han destapado la olla de grillos que ha contaminado el poder judicial de nuestro país.
Las revelaciones hechas por una de las juezas que han sido acusadas de formar parte del cartel judicial que se dedicaba a vender sentencias en los tribunales dominicanos, Awilda Reyes, nos indica que el mismo contaba con el apoyo de sectores poderosos de la política y de quienes se encuentran enquistados en las alturas del poder judicial.
Eso no quiere decir que todos los políticos ni los jueces que conforman la Suprema Corte de Justicia, tuvieran que ver con la red que se dedicaba a manipular sentencias como denunciara el procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, sino más bien que gentes con influencias políticas y en ese poder del Estado, se unieron para prohijar esas malas prácticas que amenazan con desacreditar nuestro país en el plano internacional.
Ante lo sucedido, la población dominicana solo espera que se produzcan las sanciones correspondientes a los responsables materiales e intelectuales de estos hechos bochornosos y que aunque no sea en este preciso momento, el gobierno y los poderes facticos de la nación se comprometan a producir la reforma que necesita la justicia dominicana para hacer frente a esta gran vergüenza que nos ha afrentado a todos.
El cáncer que afecta al cuerpo de la justicia dominicana ha hecho metástasis y lamentablemente aunque en el mismo existen partes muy buenas e insobornables, como es el caso del Magistrado Julio César Castaños Guzmán y el propio presidente de esa alta corte, Magistrado Mariano Germán, hay que tomar medidas trascendentales que permitan dar señales de cambio en lo que se cumple el plazo de la convocatoria al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
A los casos puestos en marcha por los propios actores de la justicia, se agregaron los pronunciamientos que hizo el Embajador de los Estados Unidos, James Brewster, en el escenario de la Cámara Americana de Comercio, donde denunció que había recibido quejas de empresarios e inversionistas extranjeros que fueron extorsionados para permitirles operar sus negocios en el país.
Eso nos indica que nos encontramos frente a un mal generalizado que no solamente amenaza con hacer abortar por completo el sistema de justicia, sino que ha permeado otros estamentos del Estado, que amerita de ser extirpado de raíz de la sociedad si queremos preservar la inversión extranjera y el buen nombre de la República dominicana en el contexto de las naciones hermanas y amigas de todos los continentes.
En definitiva, de la única manera que podremos hacer frente a este mal, es si llevamos a la cárcel a los verdaderos responsables del escándalo judicial, ponemos la casa en orden y en el momento que sea preciso producir la nueva reforma que necesita el poder judicial para poder superar esa dificultad.
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